Autor:
Yédison Aristizábal, Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático, FLACSO Argentina
Los impactos ambientales de la minería ilegal y la deforestación han empujado a un conjunto de organizaciones populares colombianas a interponer acciones judiciales para exigir la protección de sus derechos, así como la restauración de territorios vitales para la subsistencia presente y futura de las comunidades. Sobre este tema se centra el Trabajo de Investigación Nº 6 de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de FLACSO Argentina, titulado “LOS DERECHOS DEL RÍO ATRATO Y LA AMAZONÍA: Un ejemplo de ambientalismo popular y activismo judicial para la configuración de un régimen de justicia ambiental y la agenda climática en Colombia”, cuyo autor es Yédison C. Aristizábal, Abogado, Magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático (FLACSO Argentina) e investigador y consultor para temas de gobernabilidad y sostenibilidad ambiental.
En esta investigación se estudian los casos de la selva Amazónica y el río Atrato, en los que no sólo se protegieron los derechos de los accionantes, sino que las Cortes llegaron al punto de reconocer el status de sujeto de derecho a estos ecosistemas y orientar el quehacer gubernamental y social en torno a un nuevo paradigma para la gestión ambiental y climática en el país.
El problema sobre el que se investigó está relacionado con la incidencia que tuvieron los grupos y comunidades populares organizados en el marco de acciones de litigio para propiciar la incorporación de nuevos compromisos en la agenda climática nacional y regional, así como la eficacia que ha tenido la implementación de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático ordenadas en las sentencias. Finalmente, se presenta un contexto actualizado de los conflictos ambientales que afectan a las comunidades, la selva Amazónica y el río Atrato, con el fin de analizar las transformaciones ocurridas con posterioridad a la expedición de las sentencias, resaltar las prácticas exitosas y llamar la atención sobre aquellas que en vez de permitir la superación del estado de crisis ambiental y humanitaria, se convierten en barreras que amenazan y vulneran los derechos ambientales de la población de los ecosistemas.