Transparencia de la información del financiamiento climático en Ecuador: ¿Por qué es importante?
Con la COP 26 de la CMNUCC en pleno desarrollo, las expectativas sobre las discusiones en torno al tema financiamiento climático (FC) aumentan, y la atención sobre la transparencia de su gestión se posiciona en la medida que puede ser un instrumento para verificar que el principio de “Responsabilidades comunes pero diferenciadas” asociado al FC se cumpla[1]. Más aún, la transparencia en la información del FC permitiría evaluar el cumplimiento de la meta de 100 mil millones de dólares al año, dar luces para su ajuste al 2023, e inclusive permitiría analizar, desde los principios de la justicia climática, si dicho financiamiento está llegando donde debe llegar, si está generando el impacto esperado y si cataliza la transformación necesaria en territorio.
El Acuerdo de París, además de incluir entre sus objetivos uno en torno al FC[2], habla del Marco de Transparencia para la acción y el apoyo (Art.13), el cual es muy claro en señalar que todos los países deben tener mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para reportar tanto los resultados de sus acciones climáticas, como el apoyo financiero recibido, entregado o necesitado para ese fin[3] (Desgain, 2017). Esto significa que el Marco de Transparencia generará dos flujos de información: uno por país (reporte en torno de las NDCs) y el segundo desde el Balance Global[4], el cual, si hubiera una metodología universal única sobre qué es y cómo medir el FC, podría construirse con un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, desde la información que cada país debería poder generar. Hoy, esto es imposible porque la información sobre FC entre países no es necesariamente comparable y, por lo tanto, no puede añadirse entre sí. La falta de una metodología única pone en evidencia que la visión entre los países donantes (del norte) y los receptores (del sur) de lo que se debe catalogar como FC no es consistente entre ellos (Guzman y Catillo, 2015).
Ahora, si bien hay algunos esfuerzos como aquellos de la OECD[5], de iniciativas AID-Atlas[6], o del Club Internacional de Financiamiento para el Desarrollo (IDFC por sus siglas en inglés), los retos a nivel nacional se mantienen y cada país debe tomar sus propias decisiones sobre cómo reportar el FC. Para hacerlo, algunos países como el Ecuador, han trabajado en un análisis más integral desde el desarrollo de Estrategias de FC.
El Ecuador publicó su Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (EFIC) este año, la cual presenta tres líneas estratégicas y cuatro condiciones habilitantes, alrededor de las cuales se establecieron 89 indicadores y 83 líneas de acción que están dirigidas a atender los desafíos para movilizar el FC en el Ecuador así como a desarrollar herramientas necesarias para orientar el acceso, gestión, asignación y movilización efectiva y eficiente del FC internacional, nacional, público y privado, promoviendo el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima del país (MAAE y MEF, 2021).
Uno de los principios de la Estrategia habla directamente sobre la transparencia en el acceso a la información, la cual también actúa de manera transversal para asegurar el cumplimiento de otros principios planteados, tales como: rendición de cuentas, universalidad (en el uso del financiamiento), corresponsabilidad en la implementación del FC, eficiencia, eficacia, autogestión y adicionalidad.
La transparencia también es parte integral de los objetivos específicos de la Estrategia: la identificación y diseño de mecanismos e instrumentos que permitan movilizar de manera transparente, efectiva y eficiente los recursos de FC disponibles para el Ecuador; impulsar condiciones habilitantes para la democratización al acceso, gestión y movilización del FC; facilitar el flujo de información y conocimiento para asegurar la rendición de cuentas y transparencia en el MRV de los recursos financieros nacionales e internacionales.
Al profundizar un poco más en el análisis de la recientemente publicada EFIC, es posible concluir que, la arquitectura de gobernanza climática en el país es relativamente sólida, ya que a pesar de que no existe una Ley en cambio climático que provea orientaciones y mecanismos macro y unificados, el país cuenta con un marco legal, respaldado desde la Constitución, para guiar la política climática integral, cuenta con políticas, estrategias, planes y programas, así como con un conjunto de instituciones, capacidades y espacios de participación gubernamental que estarían brindando una buena base para la implementación de acciones climáticas enmarcadas en objetivos nacionales. Los retos y desafíos están todavía a nivel de coordinación y participación efectiva intersectorial (a nivel gubernamental) y entre el estado y los diferentes actores de la sociedad civil; así como en desafíos metodológicos propios del sistema MRV.
Vale la pena resaltar que la Estrategia menciona varias veces la necesidad de fortalecer el funcionamiento y operativización del Grupo de Trabajo de FC del Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), e invita a que éste se enmarque en los pilares de Gobierno Abierto para asumir el rol de evaluar y reportar de manera periódica los indicadores de impacto y resultado de cada línea estratégica de la estrategia. Respecto a la participación con otros actores de la sociedad civil, si bien la estrategia hace énfasis en que la participación de representantes del tercer sector ayudará a garantizar que los procesos y la información se mantengan transparentes y que el FC disponible en el país resulte en claros beneficios para la población, no pasa todavía de ser una declaración de buena fe porque no indica los mecanismos ni instancias donde se coordinará esta participación.
En resumen, el Ecuador ha dado un primer paso clave para abordar el tema de la transparencia del FC al construir la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Este instrumento de planificación recoge bastante bien los retos que el país tiene para fortalecer la gobernanza climática, y, dentro de ésta, el tema de transparencia y sistema MRV. Entre los desafíos está el mejor tratamiento a la participación de los diferentes actores de la sociedad civil, también como componente del Sistema MRV que daba desarrollarse.
Bibliografía
BID. (2017). El papel central del financiamiento en el Acuerdo de París y las oportunidades para los bancos nacionales de desarrollo.
Desgain, D. (2017). Marcos de Transparencia y Notificaciones del Acuerdo de Paris. Taller Del Grupo Regional América Latina y El Caribe de La Alianza Para Transparencia En El Acuerdo de Paris.
Guzman, S. Montalvo, V. (2021). Transparencia del Financiamiento Climático. Programa de Jóvenes Latinoamerican@s Sobre Finanzas Sostenib.
Guzman, Sandra. Castillo, M. (2015). La importancia de la medición, reporte y verificación del financiamiento climático en América Latina.
MAAE. (2021). Ecuador fortalece acciones para la evaluación de propuestas de financiamiento climático. https://www.ambiente.gob.ec/ecuador-fortalece-acciones-para-la-evaluacion-de-propuestas-de-financiamiento-climatico/
MAAE y MEF. (2021). Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. COSUDE.
UNFCCC. (n.d.). Introduction to Climate Finance. Retrieved July 10, 2021, from https://unfccc.int/es/node/15868
[1] Los países desarrollados deben proveer y asegurar recursos financieros a países en desarrollo para apoyar en su implementación de los objetivos de la Convención, de acuerdo a sus necesidades y prioridades
[2] “Velar porque los flujos financieros sean consistentes con la priorización hacia la acción climática (o implementación) en un camino hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima”.
[3] Los países en vías de desarrollo deben determinar lo que necesitan para poder implementar sus NDCs y sus objetivos climáticos.
[4] Que se espera que la Secretaría de la Convención presente en la COP 26.
[5] Usan los Marcadores de Río para el monitoreo de apoyo financiero.
[6] La cual también funciona sobre la base de información de bases de datos de países de la OECD.
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* La autora, Consuelo Espinoza Proaño, es Coordinadora Técnica Regional del Programa Todos los Ojos en la Amazonía implementado por Hivos y Greenpeace. Es Economista Ambiental con más de 18 años de experiencia en el diseño, coordinación, implementación y monitoreo de programas ambientales, de cambio climático y de derechos humanos a nivel local, regional y global. Capacitadora internacional en temas forestales y de cambio climático y facilitadora de procesos con múltiples actores y de gestión de conocimiento. Está cursando la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de FLACSO Argentina.
** Este trabajo fue resultado del seminario “Finanzas Sostenibles” dictado en conjunto entre GFLAC y la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de FLACSO Argentina.
