Impactos Económicos del Cambio Climático en América Latina

Por Soledad Aguilar, 20 de Marzo de 2011. Cortesía de la Revista Todavía, Fundación OSDE.

Las estimaciones científicas sobre los impactos económicos estimados del cambio climático sobre los sistemas ecológicos en América Latina, enfatizan el rol de fenómenos como el Niño y la Niña sobre la disponibilidad de agua dulce, y la alta vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas y costeras, especialmente las más afectadas por la pobreza.

El Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático (2006) fue el primer informe a escala global que procuró estimar los impactos económicos derivados del cambio climático. Allí se señala a América Latina como una región vulnerable al cambio climático, especialmente durante los eventos denominados ‘El Niño’ y ‘La Niña’ que regularmente afectan a nuestra región. El informe identifica como países más vulnerables a Bolivia, Honduras, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Belize, Paraguay, Guyana y los pequeños estados caribeños. La vulnerabilidad pasa tanto por el incremento ya constatado en la última década de fenómenos climáticos extremos (desastres naturales como huracanes, inundaciones y sequías), como por la debilidad de las poblaciones para afrontar la falta de agua potable y la expansión de enfermedades como el dengue.

Además, 60 de las 77 ciudades latinoamericanas más densamente pobladas están situadas sobre la costa, generando una particular vulnerabilidad de las poblaciones costeras a las inundaciones, la contaminación de las napas freáticas con agua salada y la limitación en la disponibilidad y calidad del agua potable, así como al aumento del nivel del mar.

El Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, 2007) también dedica una sección a la región de América Latina en la cual se estima que para mediados del siglo los incrementos en temperatura y reducción de humedad del suelo conllevaran: una expansión de la sabana reduciendo el bosque tropical de la Amazonia oriental; un aumento en el riesgo de grandes extinciones de especies; la merma en la productividad de algunos cultivos importantes para la región y de la actividad pecuaria; y el incremento posible de los rindes de soja en algunas áreas templadas.

Un estudio sobre Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el Caribe (2009) realizado por la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), a su vez, también prevé una mayor incidencia del incremento de la temperatura y precipitaciones en la región del Amazonas, tanto en la estación seca como en la húmeda, lo cual preocupa por la baja inversión en infraestructura y la débil situación de gobernabilidad en la zona.

El IPCC también considera que el número de personas con riesgo de pasar hambre se incrementará, y se dificultará el acceso al agua potable necesaria para las ciudades, la agricultura, y la generación de energía como consecuencia del cambio en patrones de precipitación y la desaparición de glaciares.

CEPAL, por su parte, estimó que un aumento en el nivel del mar provocará efectos adversos en: zonas costeras bajas (El Salvador, Guyana y costa de la provincia de Buenos Aires; edificios y turismo (México y Uruguay); morfología costera (Perú); manglares (Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela) y disponibilidad de agua potable en la costa del Pacífico de Costa Rica y Ecuador y en el estuario del Río de la Plata. También estimó como muy probable que el aumento del nivel del mar afecte a los arrecifes de coral mesoamericanos (México, Belice y Panamá).

Otro sector que CEPAL identifica como vulnerable es el sector turístico donde cambios en los regímenes de agua, huracanes e incluso el derretimiento de glaciares afectarán la industria del turismo en las zonas expuestas a estos fenómenos.

Con respecto a los desafíos para enfrentar al cambio climático, América Latina deberá destinar amplios recursos tanto para la mitigación como para la adaptación. La mayoría de los esfuerzos internacionales se orientan a la mitigación del cambio climático en un esfuerzo por compartir el esfuerzo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar los daños catastróficos previstos por la ciencia en el caso en que no se tomaran medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

La adaptación, en cambio, se refiere a adecuar la infraestructura existente para evitar los impactos socioeconómicos más graves del cambio climático. Incluye desde medidas para evitar inundaciones, hasta seguros agrícolas y campañas de prevención de enfermedades. Estas medidas, salvo honrosas excepciones, serán financiadas por los países afectados ya que el cúmulo de la ayuda internacional existente se enfoca en la reducción de emisiones, no en la adaptación. Esta realidad genera una gran injusticia distributiva ya que los mayores costos de adaptación serán soportados por países pobres con nula participación en la generación del problema del cambio climático (valen como ejemplos los graves daños económicos y pérdida de vidas humanas como consecuencia de las severas inundaciones en Centroamérica y Pakistán acaecidas durante 2010).

Con relación a medidas prioritarias para la adaptación, CEPAL identifica la necesidad de construir defensas costeras para adaptarse tanto al incremento en inundaciones como al mayor nivel del mar. Asimismo, los sectores de la agricultura, ganadería y forestal deberían comenzar de manera urgente a considerar los posibles efectos del cambio climático, especialmente al planificar inversiones a largo plazo. Es destacable en este sentido el esfuerzo de la industria vitivinícola, la cual ha publicado un estudio sobre los Efectos del Cambio Climático sobre la Industria Vitivinícola de la Argentina y Chile (2009) donde se identifican los impactos esperados y se proponen las medidas de adaptación prioritarias para enfrentar el cambio climático en este sector.

Como se consignó anteriormente, es en los esfuerzos de mitigación donde los países desarrollados ponen el acento. En particular, los países industrializados proponen medidas para mitigar las emisiones provenientes de actividades industriales y de la producción de energía. Asimismo, se enfocan particularmente en los grandes países en desarrollo (China, Brasil e India) sobre los cuales, sumado EEUU, se concentran la mayoría de las emisiones actuales y proyectadas y por tanto se centran los esfuerzos internacionales por acordar metas de mitigación.

En el sector energético, la clave es incrementar sostenidamente el uso de energías renovables y aumentar la eficiencia energética, considerando al mismo tiempo los impactos que el cambio climático pueda tener sobre tales fuentes de energía (por ejemplo, la sequía impactará en la producción hidroeléctrica). También es importante que las nuevas inversiones en producción de energía en América Latina consideren las perspectivas en términos de políticas de mitigación a mediano plazo, evitando encerrarse en tecnologías altamente contaminantes cuya vida útil se extiende por varias décadas y las cuales son pasibles de generar costos adicionales o penalidades en el largo plazo.

En el caso de nuestra región, también es importante considerar que, a diferencia de los países desarrollados (agrupados en el Anexo I del Protocolo de Kyoto) en los cuales el sector energía representa el 85% de sus emisiones, para América del Sur la producción de energía representa solamente un 20.6% de sus emisiones.

Considerando que generalmente la reducción de emisiones en el sector de uso de la tierra y forestal es mucho más económica que en el sector industrial, el potencial para reducir emisiones en los sectores de uso de la tierra y forestación, es claramente atractivo para América Latina. Ello significa que para nuestra región, en materia de mitigación, el foco debería ponerse en lograr cambios en el uso de la tierra y reducir la deforestación más que imponiendo costos o exigencias complejas al sector industrial. Ello es un punto importante para definir prioridades en materia de mitigación, por ejemplo en grupos como el G-20, donde la mayoría de los esfuerzos están enfocados en las prioridades de los países desarrollados, como la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y la reconversión industrial, y no en aquellas más costo-eficientes para los países en desarrollo que también son parte de este grupo, como Brasil, México y Argentina. [Ver artículo completo, Revista Todavía]